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lunes, mayo 16, 2022

Por el derecho a decidir

Por Soledad Buendía Herdoíza * -.


La Asamblea Nacional en Ecuador se encuentra analizando en primer debate el proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. El proyecto que fue presentado por la Defensoría del Pueblo, organismo con rango constitucional encargado de la tutela de los Derechos Humanos en el país, surge después de un fallo de la Corte Constitucional como respuesta a una demanda presentada por las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil.

No es la primera vez que el tema es analizado en el seno del Legislativo, ya en 2012 se lo planteó en el marco de la aprobación del Código Integral Penal; luego se volvió a retomar en 2018 con la aprobación de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En los dos casos la presión de la Iglesia, de los grupos antiderechos y el fuero personal de algunos legisladores y legisladoras impidió su inclusión en la normativa, en un Estado laico que debería garantizar el derecho a decidir.

La segunda Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género 2019 (Envigmu) reveló que el 60% de las mujeres en el Ecuador han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y que el 57,2% han vivido violencia sexual. El mismo estudio dejó en evidencia que este tipo de violencia es la menos denunciada, que el 97,1% de las víctimas no denunció.

La pandemia del Covid-19 y el obligatorio confinamiento ha agudizado esta situación, sobre todo para las niñas y adolescentes que están encerradas con sus agresores.

No son solamente cifras muy graves y deben obligar a reaccionar a quienes legislan, son personas que sobrevivieron a la violencia y que tienen derechos, por tanto el Estado debe garantizarles canales de denuncia, rutas de atención, medidas especiales de protección en una sociedad que las culpa y revictimiza por los estereotipos de género.

La justicia ecuatoriana tiene una gran deuda con la sociedad, pues la falta de celeridad ha generado impunidad, a lo que se suman jueces, fiscales, abogados, personal médico legal, personal administrativo, es decir, operadores de justicia que no tienen sensibilidad ni capacitación ni formación adecuada para el tratamiento de estos casos asociados a violencia de género.

Es indispensable legislar para proteger a las víctimas, pero también para obligar la justicia a cambiar prácticas que reflejan la violencia y discriminación de un sistema patriarcal.

¡Hay mucho por hacer! Es urgente pasar a la acción, dejar prejuicios y construir una sociedad en la que el derecho a decidir sea parte de un grupo de acciones en favor de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas y sobrevivientes.


*       Miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador.

ecidir

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